Aumentos en tasas municipales afectan a la población de Santa Ana

Los vecinos del cantón de Santa Ana enfrentan un fuerte golpe económico tras la reciente aprobación de incrementos sustanciales en diversas tasas de impuestos municipales, programadas para el 2026.

La decisión fue respaldada por las fracciones del Partido del Sol y del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), generando un amplio rechazo por parte de vecinos, asociaciones comunales y sectores empresariales del cantón.


Los aumentos, considerados por muchos como desproporcionados, impactan directamente en servicios esenciales. Algunos de los más notorios son:

  • Recolección de Desechos Sólidos: +13,3% en 2025 y +46,0% en 2026, acumulando un 59,3%.
  • Servicio de Policía: +32,0% en 2025 y +27,8% en 2026, alcanzando un 59,8%.
  • Alquiler de Nicho Municipal: +24,4% acumulado.
  • Servicios funerarios (inhumación, exhumación, traslado de restos): aumentos entre 16% y 24%.
  • Mantenimiento de parques y zonas verdes: incremento del 12,5% previsto para 2026.


Lucía Ramírez, presidenta de la Asociación de Desarrollo Integral de Pozos, expresó:“Nos sentimos excluidos de esta decisión. Nadie nos consultó, y ahora debemos pagar casi un 60% más por servicios básicos. ¿Dónde está la sensibilidad social?”


Jorge Venegas, comerciante local, también reaccionó con preocupación: “Con estos aumentos, los pequeños negocios vamos a tener que recortar personal o subir precios. Esto es un golpe para todos.”


Desde el ámbito ambiental, María Fernanda Arce, vocera del colectivo Verde Santa Ana, cuestionó la lógica del aumento: “El incremento del servicio de recolección de residuos es alarmante. ¿Se han considerado soluciones más sostenibles o solo trasladan el costo a los ciudadanos?”


Asimismo, la Unión Cantonal de Asociaciones de Santa Ana calificó la decisión como una medida “fiscalista y regresiva”:“Lamentamos profundamente que los representantes del Partido del Sol y del PUSC hayan votado a favor de estos aumentos sin un diálogo serio con la comunidad.”


Frente a esta situación, varios sectores analizan interponer recursos legales ante la Contraloría General de la República y convocar a una movilización ciudadana pacífica frente al edificio municipal.


Los vecinos exigen al gobierno local transparencia en el manejo de los fondos recaudados, así como un plan de austeridad que evite nuevas alzas injustificadas en el futuro.